-Oposición al nuevo ROTT. Especialmente en lo referente a la pérdida de honorabilidad, la limitación de la renovación y ampliación de flota y el tratamiento discriminatorio para las empresas de menor tamaño.

-Agilización de la devolución del IVMDH indebidamente cobrado.

-Oposición a la instauración del peaje en la N-I y en la NA-121-A.

-Mantenimiento del régimen fiscal de “módulos” para una persona y un camión con tope de facturación de 150.000 €.

-Lucha contra la morosidad: plazo máximo de pago a 30 días e instauración de un régimen sancionador.

-No a las 44 toneladas. En todo caso, con contraprestaciones: consignación en factura del incremento del precio del porte figurando en el documento de control.

-Implementación de medidas contra la competencia desleal: oposición a la deslocalización de empresas y establecimiento de garantías sólidas para proteger los derechos de los trabajadores desplazados y evitar el “dumping social”. Rechazo a las denominadas “empresas buzón”, es decir, aquellas que no tienen ninguna actividad económica real en su “país de origen”.

-Mantenimiento de los requisitos actuales para el acceso al mercado (tres vehículos de menos de cinco meses de antigüedad).

-Restringir la subcontratación a dos o tres, con definición de responsabilidades.

-Reducción de los tiempos de espera.

-La carga y descarga es un servicio distinto al transporte (términos acordados aparte).

-Promover una aplicación uniforme de las normas del transporte a nivel europeo y autonómico.

-Regulación de la actividad de transporte con vehículos de menos de 3,5 tm. de MMA.

-Mantenimiento de las ayudas al cese anticipado de la actividad.

-Incremento de la cuantía para la competencia de las Juntas Arbitrales.

-Promover el carácter voluntario del desvío a las autopistas de peaje.

-Introducción de la responsabilidad objetiva de los conductores por infracciones en materia de conducción y descanso.