El Plan Nacional de Inspección del Ministerio de Transportes priorizará este 2023 la lucha contra la morosidad, el control de los precios del transporte, el cumplimiento de la prohibición de carga y descarga y el control e inspección de las empresas buzón deslocalizadas que operan en España
El Plan Nacional de Inspección del Ministerio de Transportes priorizará este 2023 la inspección de los transportes por carretera en cuanto a las novedades legislativas aprobadas en los últimos meses, en concreto la lucha contra la morosidad, el control de los precios del transporte, el cumplimiento de la prohibición de carga y descarga y el control e inspección de las empresas buzón deslocalizadas que operan en España.
La lucha contra la morosidad dentro del sector se ha convertido en una de las prioridades de la Inspección de Transportes, ya que repercute en la liquidez de las empresas, complicando su gestión y afectando a su competitividad y rentabilidad. Su control será uno de los objetivos después de que en 2021 se modificara la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (Lott) para aplicar un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.
El control del precio del transporte, así como el importe de los gastos relacionados, que deberán cubrir el total de los costes, quedó recogido en el Real Decreto Ley 14/2022 del 1 de agosto sobre medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, por ello será también de control prioritario a lo largo de 2023. Así, los servicios de inspección controlarán el contenido de las cartas de porte y la emisión de las mismas. Se iniciarán las inspecciones a través de las empresas cargadoras y operadores de transportes llevando a cabo un seguimiento de la cadena de empresas implicadas hasta llegar al porteador de los servicios contratados.
En cuanto al control de la carga y descarga, recogido en el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo y el Real Decreto Ley 14/2022, y cuya entrada en vigor se produjo en septiembre, se requerirá el control presencial de los Inspectores de Transportes con el objetivo de controlar la participación de los conductores en las tareas señaladas.
El Plan también continuará con el control de la deslocalización de las grandes empresas hacia países de la UE con menos costes de explotación de la actividad, es decir, las denominadas empresas buzón, las cuales generan claramente una situación de competencia desleal. Cabe destacar que desde 2016 la Inspección de Transportes Terrestre ha llevado a cabo actuaciones para que otras Instituciones Públicas se impliquen en la resolución de esta problemática, lo que claramente ha resultado ser insuficiente.
Los controles, con el fin de ser más efectivos, se realizarán en aquellos puntos donde haya un mayor volumen de actividad de transportes, como en puertos, polígonos industriales, grandes cargadoras, centros logísticos, estaciones de autobuses, etc.
Cabe destacar también que, un año más, se llevará a cabo el control anual de los tiempos de conducción y descanso a los 474.873 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España. Las Directivas europeas imponen a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo.
También continuará el control sobre las empresas que ofertan servicios de transporte online, en especial a plataformas de paquetería que intermedian habitualmente sin estar autorizadas, así como el control de las cooperativas de trabajo asociado que actúen irregularmente en el ámbito tributario y en el ámbito laboral, en ambos casos en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria.
Cabe recordar que se pueden realizar denuncias anónimas en el buzón que activó hace unos meses el ministerio de Transportes. Hasta ahora las principales denuncias presentadas en este buzón han sido referidas al incumplimiento de los plazos máximos de pago, el incumplimiento de la prohibición de carga y descarga por parte del conductor y el pago de los precios del transporte sin cubrir los costes.
